La CIDH teme que estado de excepción atente contra la democracia



El organismo criticó que se suspenda por decreto las algunas potestades de la Asamblea Nacional y que la FAN pueda participar más en las labores de control del orden público.

Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los riesgos para que la democracia puede tener la aplicación del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro en mayo pasado; e instó a las autoridades nacionales a “garantizar un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país”.

En un comunicado, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que la resolución presidencial puede “comprometer el respeto del Estado de Derecho y la separación de los poderes estatales”, pues “dota al Poder Ejecutivo de poderes discrecionales” y “a través de un lenguaje amplio y ambiguo” abriría la puerta para excesos a la hora de combatir “acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional”.

El decreto no solo faculta al Jefe del Estado a aprobar recursos adicionales y endeudar al país sino que además suspende las facultades del Parlamento para suspender a funcionarios públicos.

La Comisión cuestionó también que los poderes que la resolución otorga a la Fuerza Armada en materia de orden público y recordó que “en reiteradas ocasiones (…) ha señalado que, por carecer las fuerzas armadas de adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los Derechos Humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público en el ámbito interno”.

Asimismo criticó que el texto establezca la posibilidad de suspender el financiamiento internacional que reciben organizaciones civiles venezolanas bajo la sospecha de que los fondos son empleados con “fines políticos o para acciones de desestabilización”, pues “las organizaciones de la sociedad civil pueden legítimamente recibir fondos de organizaciones no gubernamentales extranjeras o internacionales, o de gobiernos extranjeros, para promover los Derechos Humanos, y (…) el Estado está obligado a garantizar su conformación y funcionamiento sin imponer restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la libertad de asociación”.

Fuente: El Universal

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